El Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro valoró la aprobación en su tercer trámite por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medioambiente, iniciativa que se suma a la agenda antiabusos que castiga la colusión, el uso de la información privilegiada y la corrupción.
En este sentido, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro explicó que “esta normativa está próxima a ser ley estamos a la espera de la promulgación y publicación, ésta nueva ley viene a atacar lo que se llama o se llamaba los delitos de cuello y corbata o delitos económicos para que no tengan solo una sanción que sean clases de ética, sino que además en algunos casos tener una multa, pero multas reales que sean efectivas, o sea multas que dicen relación con lo que se está ganando por parte de las personas que infringen la normativa y además penas de presidio efectivo en caso de situaciones más graves, y eso debiese ser un desincentivo no solo para los delitos económicos, sino que también delitos ambientales que están regulados en esta normativa, y para los delitos funcionarios, o sea aquellos cometidos por funcionarios públicos que permiten que privados puedan acometer estos delitos ya sea económicos o ambientales, por lo tanto lo que se viene a reforzar con esta nueva normativa es parte de este conjunto de iniciativas que se han ido incorporando en esta agenda marco de seguridad pública”.
Finalmente, cabe mencionar que, dentro de las características del proyecto, se establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”. Además, agrega como categoría de “delito económico” los delitos funcionarios, cuando estos sean cometidos con la participación de un miembro de una empresa o en favor de esta. Sumado a lo anterior, la iniciativa establece una nueva forma de determinación de la multa (denominada “días-multa”), que se calcula a partir del ingreso promedio diario del condenado. Este sistema permitirá que la multa parta de media UTM (unos $31 mil) a una cifra máxima teórica de 300.000 UTM (casi $19 mil millones) para una persona natural, sin considerar el delito propio que cometa la empresa como persona jurídica.
