El General de Brigada, Luis Felipe Pérez Astorga, Comandante de la IV División de Ejército, se refirió brevemente al caso FAM (Fondo de Ayuda Mutua), en el cual, el Ministerio Publico formalizó hace algunos días investigación en contra 39 funcionarios en retiro de la unidad castrense y tres familiares por delitos de fraude al fisco. Ilícitos que se habrían perpetrado entre 2009 y 2017 en la unidad con asiento en Coyhaique.
El oficial del Ejército, aseguró que, “nosotros estamos dando todas las facilidades para la investigación para llegar a lograr la verdad. Esta investigación se lleva en dos Tribunales y la verdad es que no hemos tenido ningún problema con la investigación porque como ha sido tradicional, el Ejercito está prestando toda la ayuda necesaria para esclarecer los hechos y llevar a la justicia a que haga lo que las autoridades estimen conveniente”.
Respecto a las indagatorias internas o sanciones como institución a quienes estarían involucrados en el caso FAM, el General Pérez Astorga, señaló que, “hubo una investigación que ya terminó, pero la investigación hoy está en manos del poder judicial”, indicó la máxima autoridad de la IV División de Ejército de la región de Aysén.
En la reciente formalización a los ex funcionarios militares y tres familiares, se determinó un plazo de 6 meses para concluir la investigación, oportunidad en la que todos los imputados quedaron en libertad, al no haber solicitado el Ministerio Público ninguna medida cautelar.
El Fondo de Ayuda Mutua, se habría creado en la IV División del Ejército de la ciudad Coyhaique en la década de 1950, entidad que administraba los dineros que en forma voluntaria depositaban militares de dicha dotación. Fondo que fue utilizado con otros propósitos, provocando su desfinanciamiento, por lo que el Ejército habría recurrido al presupuesto fiscal para cubrir los depósitos adeudados, a través de la adulteración de viáticos, comisiones de servicio, gastos de representación, alargamiento injustificado de la carrera y al pago de otros servicios inexistentes. Mecanismos que permitían devolver con dinero fiscal los montos depositados por oficiales y suboficiales en la fallida cooperativa informal, provocando una defraudación por más de 2 mil 800 millones de pesos.
