El esfuerzo intersectorial buscará acercarse hacia el público migrante de la región, explicando sus derechos, garantías y deberes frente al sistema penal, entre otras tareas.
Ricardo Flores, Defensor Regional (S) de Aysén, e Israel Villavicencio, Director Regional de Migraciones, se reunieron recientemente con el propósito de explorar posibilidades de colaboración en el quehacer de ambas instituciones.
En este sentido, el Director Regional de Migraciones explicó que es “muy relevante para nosotros el trabajo Intersectorial que podamos desarrollar con distintas instituciones que atienden personas migrantes, para que conozcan que pueden acudir a nosotros para ser debidamente asesorados sobre los procesos migratorios que establece la nueva Legislación en la materia”.
Israel Villavicencio comentó además que la No criminalización es uno de los principios de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería, “por ello es importante que las personas migrantes conozcan los derechos que los asisten dentro del sistema judicial chileno y por cierto que en sede penal, teniendo presente que la migración irregular no es un delito”.
Por su parte Ricardo Flores valoró la instancia porque a través de este trabajo conjunto se abre una nueva puerta para acercarse al público migrante y sus organizaciones.
“Como Defensoría Penal Pública – explicó – nos corresponde difundir derechos y garantías de las personas en el sistema penal (…) la verdad es que las personas migrantes que cometen delitos en nuestra región representan una cifra muy baja, pero siempre es necesario que estas conozcan el sistema de justicia penal de nuestro país, sus derechos, garantías y obligaciones”.
A modo de ejemplo, el Defensor regional (S) destacó que entre enero y agosto de 2022, la Defensoría Regional de Aysén reportó el ingreso de 3.219 causas. De ellas sólo el 1.9% fueron de personas migrantes “es decir que poco más del 98 por ciento de las personas imputadas por delitos en nuestra región, entre enero y agosto de este año, son chilenos o chilenas. Este es un dato duro y preciso que nos permite aclarar esa sensación social respecto de los migrantes y su participación en delitos”.
INSTITUCIONES
Cabe señalar que el Servicio de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se implementó a nivel nacional a fines del año pasado y tiene como misión garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria vigente en el país, relativa al ingreso y egreso, residencia temporal o definitiva, expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio nacional, en el marco de la Política Nacional Migratoria del Gobierno de Chile.
La Defensoría Penal Pública fue creada en el año 2001, bajo el marco de la Reforma Procesal Penal para proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que carezcan de abogado, asegurando de esta manera el derecho a defensa y el debido proceso en el juicio penal. Es decir, a través de la Defensoría Penal Pública se garantiza el derecho de las personas a contar con un abogado/a defensor/a.
Entre las diversas defensas especializadas que ha desarrollado la institución, dirigida a grupos sociales más vulnerables, se encuentra la defensa penal pública de extranjeros y migrantes. Ella se suma a la defensa especializada de género, penitenciaria, indígena, juvenil y de personas inimputables por discapacidad psiquiátrica.
